Publicado en equinoXio.org ayer 4 de mayo.

Una noticia fatal y una película amarga e impecable guardan algunos paralelos con la crisis que vive un país como Colombia en el sentido en que sumen en un hondo pesimismo a cualquier ser humano sensible.

La noticia de Josef Fritzl, el austríaco que enterró a su hija y nietos en un sótano por 24 años, es tan dolorosa como difícil de asimilar y captar racionalmente. Esto hace que muchos cambien de canal cada que quieren añadir nuevos y truculentos detalles sobre sus fechorías y crímenes.

La película Sin lugar para los débiles, por otra parte, es una honda reflexión sobre la eficacia con que operan los agentes de la muerte, la violencia y el crimen al lado de quienes tratan de proteger a los ciudadanos del común.

La profunda crisis en que ha entrado el Estado Colombiano, por estos días, a raíz del juicio que se le sigue al gran número de parlamentarios involucrados con las fuerzas paramilitares (se espera que también caigan algunos de los que está la servicio de organizaciones guerrilleras) es tan desoladora y difícil de comprender como la actuación del padre austríaco o de Chigurh, el asesino de ficción de Albuquerque, Nuevo México.

Resulta indescifrable ver cómo una organización armada, tan sanguinaria y perversa como las AUC haya logrado cooptar a número tan grande de políticos en una alianza para delinquir, traficar con drogas, armas y vidas humanas con el fin de tomarse el poder de una nación de cerca de 45 millones de habitantes. Y más aún, que con la ayuda de algunos representantes de las fuerzas militares legítimas, consiguieran intimidar y matar a miles de potenciales votantes para “alterar” y “ganar” unas elecciones que los han llevado al sitio más sagrado de una nación: donde se originan y emiten las leyes que marcan el rumbo de un país y su bienestar social y comunitario.

Impresiona también ver la abulia de esa parte de la población que aprueba, o a quien poco parece importarle que una tercera parte del órgano legislativo esté compuesta de presuntos criminales. Por su parte, el Polo Democrático Alternativo, el partido de oposición mayoritario en el congreso, parece carecer de una iniciativa original y rotunda a la hora de proponer salidas a esta grave crisis institucional.

El presidente tampoco muestra mucho interés en iniciativas viables y eficaces para solucionar la crisis del Congreso y da la impresión de estar más ocupado de defenderse verbalmente de un hecho cada vez más preocupante: el que la mayoría de los acusados de complicidad con el paramilitarismo sean los congresistas de su bancada, los mismos que ayudaron a reelegirlo. No hace mucho dijo que a sus detractores "les va a dar mucha lidia” encontrar una prueba que demuestre su vinculación con los paramilitares.

De lo que sí existe prueba y muy reciente es de que incurrió en el delito de cohecho con el fin de alcanzar los votos necesarios para su reelección, al haber comprometido el voto de la entonces parlamentaria Yidis Medina a cambio de ofrecerle tres puestos públicos; promesa que luego no pudo cumplir. Así, el país y el mundo pudieron conocer este tipo de “negocio”ilegal y punible, tan usual y común en Colombia, que mucha gente lo acepta como si fuera un fenómeno meteorológico.

Lo preocupante es que muchos se lo quieren perdonar. Con excepción del ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus quien en reciente columna de opinión le ha pedido al presidente que tenga el valor de reconocer su falta y renunciar, con el contundente argumento de que “el fin, aún noble, no justifica los medios”.

Para la revista Semana, “el país se encuentra en un callejón sin salida” dado que el congreso está en el limbo al perder legitimidad y toda credibilidad, tanto a nivel nacional como internacional. Y ante la ausencia de soluciones propone una salida pragmática a la encrucijada actual que consiste en adelantar las elecciones en lugar de hacer una revocatoria del Congreso. Con esto se le devuelve credibilidad al país y a sus instituciones ante el mundo, y se recupera la legitimidad perdida. Proponen además otros mecanismos:

El adelanto de las elecciones debería ir acompañado de una medida muy controvertida pero necesaria para que la fórmula tenga viabilidad: la conmutación de la pena de cárcel de los congresistas por la de muerte política. En otras palabras, podrían recuperar la libertad, pero nunca podrían ser candidatos para cargos de elección popular u ocupar cargo público alguno. La conmutación de la pena no es una ley de punto final, pues los procesos judiciales siguen su curso y desembocan en absoluciones o condenas. Y en el caso de estas últimas, estarían acompañadas de la sanción social. Para los congresistas la muerte política es un castigo casi comparable a la cárcel. Pero es más justo, pues en lo que respecta al fenómeno de la para-política, no todo es blanco o negro. La mayoría de los casos está en una zona gris y la manera como se percibe desde Bogotá no interpreta el contexto en que se dieron los hechos en las regiones que estaban bajo el control de los paramilitares.

No cabe duda de que esta propuesta debería discutirse ampliamente pues plantea soluciones urgentes y viables a la grave impasse en que se encuentra la nación. Las reacciones públicas no han sido muchas. El Polo Democrático Alternativo, por su parte parece haber rechazado, sin mayor discusión dentro de sus filas, la propuesta.

Muy triste que un debate de este calibre no sea auspiciado por los otros medios masivos de comunicación. Lo que está en juego es muy grave. Colombia está secuestrada desde hacer rato por los violentos de todos los colores empeñados en rabiosos intentos por apoderarse de la nación para someterla a sus antojos y deshonestos objetivos.

La “cultura” política de Colombia ha tocado fondo. Se trata de una “incultura”, porque en lugar de asentarse en la búsqueda del bien común, se funda en la negociación tramposa de favores políticos, en el intercambio de votos por puestos públicos (cohecho) y en la elaboración de leyes que benefician a unos pocos dejando por fuera a las grandes mayorías.

Con una incultura de tal orden el país era manejable hasta hace unos años. Pero las tropelías aumentan y los gobiernos y gobernantes recientes parecen ceder cada vez más a la corrupción; se dejan chantajear o comprar de narcotraficantes, paramilitares, empresarios o políticos deshonestos; mientras consiguen mantenerse en el poder a pesar de que han obrado contra las normas de la moral y la ética más elementales. De hecho no renuncian para con esto salvaguardar su dignidad y la del país. Tal vez porque saben que ante la ley no es tan fácil “probar” que obran en los bordes o por fuera de la legalidad.

No renunció, Samper, ni lo hizo Pastrana y mucho menos el actual presidente que se aferra al poder con uñas, dientes y colmillos como si se tratase del mejor émulo del actual gobernante de Venezuela.

Este artículo fue publicado el Lunes, Mayo 5th, 2008 a las 0:30 y esta categorizado bajo Citas. Puedes seguir las respuestas y comentarios a este artículo a través del feed RSS 2.0 . Puedes dejar un comentario, o hacer un trackback desde tu sitio.